Universidades de Valencia en Quiebra

Las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche) han reunido a sus máximos órganos de gobierno para analizar la situación derivada de los impagos de la Generalitat Valenciana durante el año 2011, que ascienden a 197.159.864 euros, y que han llevado a la tesorería del sistema universitario público valenciano a una situación límite que puede poner en riesgo la prestación del servicio público de educación superior.

Ante esta situación, las universidades de València, Politècnica de València, Alicante, Jaume I y Miguel Hernández de Elche han reunido, con carácter extraordinario, a sus respectivos consejos de gobierno para debatir y aprobar un documento en el que solicitan de la Generalitat Valenciana un cumplimiento regular de las mensualidades de la subvención ordinaria para 2012 y el pago de los intereses derivados de la demora que la actual situación ha provocado en las universidades valencianas desde la entrada en vigor del Plan Plurianual de Financiación en 2010.

En el documento, aprobado por los consejos de gobierno de las universidades públicas valencianas, se advierte de que la falta de ingreso efectivo de la subvención ordinaria de la Generalitat correspondiente a cada mensualidad de 2012 comprometería el pago de todas las obligaciones contraídas por las universidades, incluso el abono de las nóminas, y el funcionamiento del sistema universitario público valenciano.

Asimismo, las universidades valencianas han pedido a la Generalitat que lleve a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para que las entidades financieras faciliten a las universidades públicas la renovación o sustitución de los actuales recursos de crédito a corto plazo, o que les provea de otros recursos de financiación a su alcance.

A este respecto, y hasta que no se solucionen las actuales dificultades de tesorería que tienen las universidades valencianas, éstas podrán adoptar los mecanismos que entiendan necesarios en sus equilibrios de cobros y pagos para preservar su solvencia.


Fuente:

http://www.upv.es/noticias-upv/documentos/5037a.pdf